El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, pidió a la Fiscal General Laura Gema Zaccagnini de Gambino que evalúe la presentación que hizo el diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ) en torno a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche en relación a los lazos comerciales que tendría con uno de los investigados en la megacausa de los contratos truchos, Pedro Opromolla
En la causa de los contratos, caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, tiene en prisión a cuatro personas, que son apenas la punta del iceberg de un entramado que todavía no se descubre hasta dónde llega ni cuántas personas involucra en el poder político: Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao.
Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.
El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.
Sostienen los fiscales que los contratos “eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado.
La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ámbas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Gustavo Hernán Pérez (director Administrativo Contable del Senado desde 2011, echado por el vicegobernador Adán Bahl cuando estalló el escándalo, NdelR), y Sergio Cardoso (director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos”.
Luego de que se efectuaban el depósito de esos sueldos a los contratados truchos, “los cheques eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros.
A las personas del círculo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo, entre otros, les repartían los valores para su cobro, el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos”.
Emilio Castrillón, presidente del STJ.
“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén Mena, Fabiana Marcela Beckman, Jorge Pablo Balladares, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los ´cobradores´ alrededor de $200 a cambio de la percepción de cada cheque.
Asimismo, y desde el año 2017, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de ´cuentas sueldo´ a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país. Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada (cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado de Urribarri, NdelR), y a Alfredo Bilbao.
A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri, NdelR), y a otras personas hasta el momento desconocidas.-La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ´contratistas´, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ´Entre Ríos Servicios´, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados.
Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mansilla, a través de contratos suscriptos por el Senador Nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino. Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique DE Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.- La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”.
Grave
El diputado Guzmán preguntó si son ciertas las noticias periodística que ligarían a la fiscal Goyeneche con el contador Opromolla, sindicado en la megacausa de los contratos truchos. “De ser cierto, resultaría un hecho escandaloso e inadmisible, el que sea la responsable de tan importante organismo y que dirige, además de ésta, investigaciones tan sensibles y de interés para la ciudadanía”, dice el legislador en su presentación.
“Sería de una gravedad institucional que, no lo dude Señor Presidente, pondría en aguda crisis a la credibilidad de la Justicia Entrerriana, con las nefastas consecuencias que para un sistema de gobierno democrático y respetuoso de los derechos de las personas ello implicaría”, agrega.
Y por esa razón, sostiene, “y atento a la gravedad institucional de la situación denunciada, es que solicito la inmediata y urgente intervención de la máxima autoridad de la Justicia Entrerriana, a fin de que se investigue hasta las últimas consecuencias el grave hecho denunciado por la prensa y se tomen las medidas que correspondan”.
Entrevistado por el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el presidente del STJ dijo que ya tomó intervención en el tema y que le corrió traslado a la Fiscal General.
“Leí la presentación del diputado y le dimos trámite. El trámite que corresponde. Entre Ríos tiene un problema importante, con un vacío legal importante, que es, al establecerse el sistema acusatorio, existe una organización vertical en el Ministerio Público Fiscal, que forma parte del Poder Judicial, pero que tiene autonomía funcional. Cualquiera de sus integrantes responde a su jefe (el Procurador General, Jorge García, NdelR). En este caso, le damos participación a la Procuración. El problema es que no está previsto quién interviene cuando es uno de los integrantes del Ministerio Público Fiscal el denunciado. Por ser un órgano preexistente a la Constitución de 2008, y el titular también, le corrimos vista a la Fiscal General, de tal manera de encauzar para ver si existe mérito para tratar la presentación del diputado Guzmán”, dijo Castrillón.
Es un paso previo, aseguró, para merituar la presentación y ver qué pasos se dan luego. Y planteó la posibilidad de que el tema sea tratado más tarde por un “pro Procurador”, una figura que se equipararía a los conjueces.
Jury
Castrillón también opinó respecto del pedido de jury al Procurador General Jorge García por parte del abogado victoriense Carlos Reggiardo, y se mostró en desacuerdo con el rechazo in limine que propuso el diputado Diego Lara, presidente del Jurado de Enjuiciamiento.
Lara ahora enfrenta un pedido de recusación, hecho por Reggiardo, planteo que será evaluado en una reunión del Jurado de Enjuiciamiento, el martes próximo.
La postura de Castrillón es que Lara no tiene facultades para resolver el pedido de jury al Procurador: que esa tarea debió analizarla el Jurado de Enjuiciamiento en pleno. Y consideró que el jury es la vía para evaluar el comportamiento del Procurador, y no el juicio político. “Mi opinión siempre fue la misma: el Poder Judicial de la provincia es uno solo, conducido por el Superior Tribunal, compuesto por nueve miembros. Así lo dice la Constitución. A los nueve vocales les corresponde ir al juicio político. Ningún funcionario más.Todos los otros funcionarios del Poder Judicial son evaluados por el Jurado de Enjuiciamiento”, aseveró.
FUENTE: Entre Ríos Ahora.
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