La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó este lunes su renuncia al cargo, que hará efectiva, según lo señaló, a partir del 31 de diciembre próximo, en un texto que dirigió al presidente Mauricio Macri, difundido por la página web del Ministerio Público Fiscal.
"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", afirmó Gils Carbó en la nota de renuncia.
En ese sentido, argumentó que las mismas razones que inspiraron su accionar durante veinte años en la institución y más de treinta en el servicio de administración de justicia "motivan hoy mi alejamiento de una gestión, en la cual he profundizado la transformación del Ministerio Público Fiscal para colocarlo a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal a la justicia".
Asimismo, remarcó que trabajó "incansablemente" para consolidar el mandato de los constituyentes "al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma".
"Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal", concluyó la Procuradora.
La saliente jefa de los fiscales venía afrontando pedidos de renuncia por parte del Ejecutivo. En ese marco, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reiteró semanas atrás su pedido a la Procuradora para que renuncie, ya que resaltó que su salida daría "más garantías constitucionales" a la investigación en la que está involucrada por presuntas irregularidades en compra de edificio para el organismo.
"La situación institucionalmente es muy delicada. Yo no recuerdo en otra ocasión que haya habido un procurador llamado a indagatoria, investigado por sus propios fiscales", sostuvo el funcionario nacional.
En diálogo con Radio Continental, el integrante del Gabinete le había pedido la titular del Ministerio Público Fiscal que "dé un paso al costado", ya sea "renunciar o pedir una licencia, al menos, y no estar ejerciendo el cargo mientras es investigada por alguien que técnicamente es subordinado de ella".
Cabe recordar que Gils Carbó fue procesada por el juez federal Julián Ercolini por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, donde se sospecha que hubieron coimas. La procuradora fue considerada coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.
Al ser indagada por Ercolini a fines de agosto pasado, la jefa de los fiscales había cargado la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo por la compra del inmueble: se trata del edificio de la calle Juan Domingo Perón 667, donde tiene su cede la Procuración, y el cual se pagó 43.850.000 millones de pesos en 2013.
La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- le pagó una comisión de 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y ésta a su vez pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio y, en ese sentido, los investigadores evalúan una serie de contactos entre los acusados interesados en el inmueble.
En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hizo el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi "defraudó" su confianza.
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