El Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión a juicio de una causa que tiene al intendente Sergio Varisco como imputado por haber firmado un convenio para el pago de 1,5 millones de pesos a la Mutual Modelo.
La fiscal Patricia Yedro solicitó la remisión a juicio de una causa que tiene como imputado al intendente de Paraná, Sergio Varisco (UCR), por haber firmado un decreto para ejecutar el pago de un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales a favor de la Mutual Modelo. Del mismo modo, están acusados el funcionario Walter Rolandelli y el titular de la mutual, Ángel Emilio Miguel Picazzo.
La novedad fue notificada este jueves, a pocos días de que Varisco deba presentarse a declarar ante el juez federal Leandro Ríos por su presunta vinculación con una organización narcocriminal encabezada por Daniel Celis.
En este caso, el intendente está acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y tentativa de peculado, ya que el pago de 1,5 millones de pesos no llegó a concretarse; y la fiscal adelantó que pediría para Varisco una condena de tres años de prisión condicional; mientras que para Rolandelli y Picazzo solicitará que sean condenados a dos años y ocho meses de prisión condicional.
De acuerdo con la acusación, el 22 de enero de 2016, un mes y medio después de haber asumido como intendente, Varisco firmó un convenio por 1,5 millones de pesos con la Mutual Modelo, en concepto de adelanto de cuotas por saldos no cubiertos de los créditos otorgados por la entidad a empleados municipales, para “paliar la situación financiera” que atravesaba la entidad crediticia, “originada por los saldos no cubiertos por los agentes municipales”, según se hizo constar.
Previo a la firma del convenio, apuntó la fiscal, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli, emitió un dictamen recomendando el otorgamiento del adelanto a la mutual, ello a pesar de las observaciones realizadas por el contador general del municipio, Eduardo Campedsuñé; y enseguida se emitió una orden de pago a favor de la mutual, que terminó siendo anulada porque la propia entidad crediticia inició otro expediente, al cual se le dio un trámite distinto para sortear la objeción administrativa.
De ese segundo expediente surgió la firma de un convenio fechado el 4 de febrero, por el cual se dispuso el anticipo de 1,5 millones de pesos, pero fue nuevamente objetado por el Contador General de la Municipalidad, en virtud del riesgo que existía para el recupero de los fondos.
Tampoco ahí se concretó el pago porque el 7 de julio de 2017, luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (Frente para la Victoria-Paraná) denunciara la maniobra, se emitió un decreto disponiendo la desafectación de la partida de dinero.
La fiscal Yedro sostuvo en su escrito de remisión de la causa a juicio que el anticipo financiero para la Mutual Modelo “encubría una simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular (la mentada mutual)” y advirtió que en los convenios celebrados entre el municipio y la mutual no se consignaban “las fechas de pago de la devolución del dinero prestado (ni) intereses –en el primer contrato y decreto suscriptos– o estableciendo una tasa sumamente preferencial en la segunda fase de la ejecución”.
En cuanto al rol del intendente Varisco, la fiscal planteó que tuvo “un notorio y denodado interés en beneficiar a la Mutual Modelo, a través de su presidente, Ángel Emilio Miguel Picazzo, a partir del otorgamiento de un anticipo de fondos (préstamo), cuyo fundamento o motivo, no guardaba relación alguna con la finalidad que persigue la Municipalidad de Paraná, ni con los supuestos beneficios que aquella brindaría a los empleados municipales”.
En la consideración de la fiscal, hubo una “grosera incompetencia funcional” luego de que el contador Campedsuñé realizara observaciones al primer convenio y se inició “un nuevo expediente en el cual se pretendió evitar todo control administrativo” y, sobre todo, la intervención previa del contador municipal. Para ello, dice, Rolandelli emitió un dictamen “en el que se aportaban elementos falsos pero tendientes a responder a las objeciones obrantes en el primer trámite, dándole de tal manera continuidad a aquel primer intento de lograr obtener los fondos de manera totalmente irregular”, concluyó.
Si no existen objeciones, se deberá fijar fecha para la audiencia de remisión de la causa a juicio, en la que el juez Ricardo Bonazzola deberá controlar el cumplimiento de los requisitos de la acusación y la regularidad de la investigación; y las partes discutirán sobre cuáles son las pruebas testimoniales y documentales que pretenden reproducir en el debate.
FUENTE: Página Política
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