El mismo día en que, de manera arbitraria y en línea con la operación gubernamental de no investigar las responsabilidades de las fuerzas represivas, la Justicia cerraba el expediente en el caso Maldonado, se filtró una resolución del ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich que autoriza el “empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, es decir, permite el tirar con balas de plomo a matar. La resolución se conoció –aunque se quiso ocultar, ya que no figura en el Boletín Oficial– en las vísperas de las manifestaciones a realizarse durante el funcionamiento del G20 (aunque el silencio sobre esta resolución no indica si durará luego del evento auspiciado por las naciones imperialistas).
El señalamiento al cierre de la causa por la muerte de Santiago Maldonado no es casual: el operativo represivo de estos días estará a cargo de Pablo Noceti, quien fuera el principal operador gubernamental para organizar el operativo que terminó con la muerte de Maldonado en la comunidad Pu Lof, Chubut, el 1 de agosto de 2017.
La resolución no sólo implica la virtual ejecución de un plan represivo letal en ocasión del G20, sino que significa un cercenamiento grave del derecho a manifestarse y amenaza con el asesinato estatal a los manifestantes: se trata de una medida fascistizante. En el reglamento que acompaña la resolución –y que alcanza a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– se establece como causal de uso de armas letales el “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”, otorgando de esta manera una discrecionalidad interpretativa a las fuerzas represivas que podrían ajustarse a cualquier circunstancia. Por caso, indica como ejemplos (aunque no limita el uso de armas de fuego a estos ejemplos, sino que se los nombra a modo ilustrativo):
–Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.
–Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
–Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal.
–Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.
También apunta a la posibilidad de “fuga” como causal para usar balas de plomo. Se trata de un manual de autorizaciones estatales para matar.
La normativa profundiza el giro represivo del gobierno macrista y resulta necesario no sólo repudiar su establecimiento, sino exigir la derogación de este reglamento durante el G20 y también con posterioridad a la cumbre. Las fuerzas represivas cuyo gobierno no puede evitar la violencia de los barras bravas para un partido de fútbol acaban de ser autorizadas por Patricia Bullrich para usar toda su capacidad de fuego para asesinar. Se trata de otro motivo, además, para demandar que Bullrich sea apartada del ministerio de Seguridad.
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