Las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional por el nuevo programa son una pieza clave del tablero económico de 2021. La intención oficial es cerrar un acuerdo con el tiempo suficiente que permita encarar luego el diálogo con el Club de París. Mientras los técnicos afinan los detalles y las autoridades políticas intercambian posiciones, el Gobierno nacional pagará la semana que viene un vencimiento de alrededor de u$s 300 millones, confirmaron a Ámbito dos fuentes oficiales, y así evitar cualquier ruido en el proceso de diálogo.
Los pagos que tiene que hacer la Argentina al FMI están nominados en Derechos Especiales de Giro (DEG) y evolucionan en función del valor del dólar, el euro y el yuan. Cálculos oficiales estiman que la cuota de la semana que viene podría rondar entre u$s305y u$s320 millones, una cifra para nada despreciable que puede ponerle aún más presión a las reservas. Si bien durante los primeros 18 días de enero el Central logró hacerse de dólares en el mercado, a partir del 19 de enero tuvo que vender en cinco de las ocho jornadas que operó. El peor registro fue el martes, cuando se desprendió de u$s 80 millones.
Según datos de la consultora Ecolatina en base a información del Ministerio de Economía, a lo largo de 2021 el gobierno debería hacer seis pagos al FMI por un monto total de u$s5.072 millones. El primero es en febrero por u$s305 millones, el siguiente es en mayo por u$s296 millones, el tercero es en agosto por u$s346 millones, el cuarto sería en septiembre por u$s1.867 millones, el quinto en noviembre por u$s389 millones y el último en diciembre por otros u$s1.867 millones. En el programa original firmado entre Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, el grueso del repago estaba concentrado entre 2022 y 2023, porque entre ambos años Argentina se había comprometido a pagar alrededor de u$s44.000 millones.
Este cronograma, sin embargo, se verá modificado. El acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI -al que aspira la administración nacional-, contempla un plazo de repago de 8 a 10 años. Según especialistas y académicos, este tipo de programas suelen tener una mayor cantidad de condicionalidades estructurales que el stand-by, que brinda solamente entre 3 y 5 años para cancelar el préstamo. Es por estas condicionalidades -que implican conversaciones ríspidas alrededor de la política fiscal, cambiaria y monetaria-, que las discusiones suelen ser más duras y complejas. Entre los temas más difíciles de acordar entre Guzmán y el Fondo están el déficit fiscal, la manera de financiarlo (sobre todo por el peso de la emisión monetaria en la macroeconomía) y la política tarifaria.
Perspectivas
Guzmán habló ayer sobre el acuerdo con el FMI. En una entrevista en el Latin Finance Connect aseguró que “resultaría aceptable finalizar estas negociaciones antes de la fecha límite con el Club de París en mayo de 2021”. Además, el ministro detalló que “en el aspecto fiscal, nuestro entendimiento común es que la recuperación económica es una condición necesaria para la estabilización” pero que, al mismo tiempo, “la sostenibilidad fiscal es un pilar de la estabilidad económica”.
“El programa anterior era de baja calidad, se basaba en el hecho de que una política fiscal contractiva ayudaría a restaurar la confianza y una política monetaria contractiva sería suficiente para resolver el problema de la inflación en Argentina”, dijo el funcionario nacional. “No vamos a repetir eso”, advirtió.
Un programa de “alta calidad”, aseguró, “es un programa que ayude a Argentina a restaurar la actividad económica, a restaurar el crecimiento económico, y que lo haga de una manera que sea sostenible”.
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